Entre 2009 y 2011, Nuevo León y la región noreste de México sufrieron su peor crisis de seguridad. Surgieron surgiendo fuertes críticas y presiones hacia el gobierno del estado para cambiar su estrategia. El artículo, a partir de un análisis documental y la aplicación de entrevistas a actores clave, se analizan las modificaciones en materia de seguridad que se implementaron como respuesta a la crisis. En especial, el artículo estudia la transformación de la red de política pública, la creación de la nueva policía estatal y la aparición de una nueva forma de relación entre sociedad y gobierno para la atención del tema de desapariciones forzadas en Nuevo León. El artículo muestra que las políticas de seguridad no es un asunto exclusivo de las policías sino requiere el involucramiento de la sociedad civil en las etapas de diseño e implementación.