En el artículo se argumenta que para el diseño de políticas públicas de prevención en el Sistema Anticorrupción mexicano es imprescindible un enfoque de derechos humanos. Específicamente para el caso de Nuevo León es el Comité de Participación Ciudadana estatal el que debe proponer acciones concretas de prevención, detección y sanción en materia de corrupción y, por eso, se concluye que en la política anticorrupción del estado deben colocarse los derechos humanos en el centro de la discusión.